Por Jonathan Mendoza Iserte
La inteligencia artificial (IA) ha experimentado un crecimiento exponencial y su regulación no ha sido tarea fácil. La gobernanza de la inteligencia artificial (IA) requiere un enfoque multisectorial, ya que se pronóstica un impacto económico significativo, planteando diversos desafíos y oportunidades en cuestiones relacionadas con el poder, la seguridad, la calidad de los datos y la ética, así como el impacto que tendrá en el corto plazo en la esfera laboral.
De acuerdo con Deloitte, el 82% de los líderes empresariales cree que la IA mejora la satisfacción y el rendimiento laboral. No obstante, este riesgo ya ha sido identificado y de acuerdo con el último indicador del Fondo Monetario Internacional se espera que la inteligencia artificial afecte el 60% de los empleos en las economías avanzadas.
Para regular la IA de manera efectiva, es necesario un entendimiento profundo de sus complejidades y alcances. La cooperación internacional es esencial para evitar la fragmentación del entorno global, por lo que se requiere un enfoque de múltiples partes interesadas, incluidos gobiernos, sociedad civil, academia, sector privado y las comunidades afectadas.
A la fecha, se han realizado varios esfuerzos regulatorios a nivel global, como los Principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre IA, la Recomendación de ética de la IA de la Unesco, los Principios de IA centrados en el ser humano del G20, y la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (UE). Además, se han creado políticas nacionales y proyectos de ley de IA en varios países, incluida la región latinoamericana.
En América Latina, se han emitido recomendaciones y principios para el tratamiento de datos y el cumplimiento de los principios de protección de datos en proyectos de IA. Ejemplo de ello es el Sandbox regulatorio de la IA en Chile y la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) en México.
A nivel internacional, se han llevado a cabo diversos esfuerzos de cooperación, como el Comité sobre IA del Consejo de Europa, el Grupo de trabajo de la OCDE sobre Gobernanza de la IA, y la Guía sobre Gobernanza y Ética de la IA de la Organización Mundial de la Salud.
A pesar de estos esfuerzos, la regulación de la IA sigue siendo insuficiente y no vinculante. Se necesita una mayor colaboración internacional y un enfoque integrado para abordar los desafíos de la IA de manera efectiva y garantizar que se aprovechen sus beneficios de manera responsable. La perspectiva de derechos humanos es clave para regular la IA.
Cuando hablamos de IA, los datos personales son el principal insumo para el funcionamiento de sus servicios en un entorno digital. Las autoridades de protección de datos personales deben colaborar con otros actores para:
1. Definir el alcance e impacto de la IA a fin de regularla.
2. Financiar proyectos para la investigación.
3. Fomentar su uso responsable, estableciendo directrices éticas y legales.
4. Capacitar a profesionales y ciudadanos en su uso y comprensión.
5. Establecer alianzas público-privadas para el desarrollo y aplicación de la IA, generando resultados tangibles en beneficio de la sociedad.
Es necesario promover un adecuado tratamiento de datos personales en el contexto de la IA que incluya evaluaciones de impacto antes de implementar sus sistemas, garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, fomentar la cooperación entre desarrolladores, responsables del tratamiento de datos y autoridades correspondientes.
La participación de las autoridades de protección de datos personales garantizará que la IA se utilice de manera ética, promoviendo un futuro tecnológico seguro y centrado en el bienestar de la sociedad.
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